sábado, 25 de junio de 2016

A propósito de Oaxaca: América Latina y la educación como foco de conflictividad

El sector educativo se ha transformado en un foco de conflictividad en América Latina. Lo hemos visto en Chile, Colombia y, en esta última semana, en México, en donde los maestros llevan varios años luchando contra las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto.

Rafael Cuevas Molina
Presidente AUNA-Costa Rica

Esta conflictividad no es casual. Desde los años ochenta, las reformas neoliberales pusieron el ojo en la educación. Primero, fomentaron la educación privada en detrimento de la pública, delegando la fundamental y crucial responsabilidad del Estado de brindar educación a todos los ciudadanos, en comerciantes para los que la calidad educativa tiene sentido solo si les reditúa beneficios económicos. La creciente privatización de la educación ha implicado considerar a las instituciones educativas como empresas, lo que ha llevado a una precarización del trabajo docente, la ausencia de investigación y el descenso de la calidad. Se trata de la “macdonalización” de la educación: educación chatarra, educación prescindible.

La educación pública también ha sufrido en estos años, entre otras razones porque esas consideraciones relacionadas con la empresa privada han venido penetrándola. Las ideas de eficiencia, eficacia y rendimientos crecientes, junto al aumento del control de la actividad académica bajo criterios de productividad han hecho mella. También aquí ha crecido espectacularmente la precarización del trabajo bajo la forma del interinazgo, que permite no solo ahorrar dinero al Estado sino, también, mantener un mayor control sobre aquellos que están constantemente en la cuerda floja de la contratación.

El tipo de educación que se ha priorizado en estos años de neoliberalismo es aquella que se orienta por objetivos “pragmáticos”, entendiendo como tal la que tiene como norte las necesidades de las empresas. Dado el tipo de desarrollo impulsado, tales empresas en primer lugar son las que llegan a invertir a nuestras tierras aprovechándose de nuestra “ventaja comparativa” de bajos salarios, y que se orientan a la venta de servicios en donde lo que se necesita es hablar inglés y saber rudimentos de computación. 

En este contexto y con estos objetivos las humanidades y las ciencias sociales se consideran prescindibles. ¿Para qué perder el tiempo con esas boberas que solo nos atrasan en el camino para llegar lo más rápidamente al mercado?

Todas las famosas “reformas” de la educación de los años neoliberales en América Latina han apuntado en esta dirección. Forman parte del paquete de las reformas en todos los ámbitos de la vida social. El presidente Peña Nieto en México ha sido especialmente concienzudo en aplicar la receta. Ya lo hizo con el petróleo, por ejemplo, uno de los rubros en el que el país había sido siempre un ejemplo para toda América Latina de tratamiento soberano de los recursos naturales.

Tienen razón los maestros mexicanos, entonces, de protestar. No lo han hecho solamente en Oaxaca sino en todo el país, y sus protestas han sido criminalizadas. Esta es otra de las facetas de estos regímenes neoliberales. No hay protesta social que no sea tratada como sublevación subversiva que va contra los intereses de la nación. México se ha destacado en esto y no solo con los maestros; el país se ha transformado en un campo de batalla en el que campea la violencia, que es utilizada como forma de instauración del terror y la represión generalizada.

Cuando aún no se apagan los movimientos de protesta y reclamo por otras matanzas perpetradas recientemente como, por ejemplo, la de Ayotzinapa, surge esta nueva muestra de la actitud prepotente y violenta del gobierno federal mexicano. Estamos esperando que la OEA tome cartas en el asunto.

1 comentario:

JOAQUIN ZEBADUA ROMERO dijo...

Totalmente de acuerdo. Las protestas sociales se criminalizan para asentar los golpes de un gobierno facista. No les importa matar.Aunque se tengan las pruebas a traves de las redes sociales que los mismos pobladores y prensa asociada que fue el Estado quién masacró. El gobierno de Peña Nieto lo seguirá negando.