sábado, 20 de agosto de 2011

Seguid el ejemplo, que Ecuador nos dio

“Los pequeños tenemos que ganar con el esfuerzo la talla que la naturaleza nos niega”, decía el irreductible Cipriano Castro, quien pactó restablecer la Gran Colombia con Zelaya de Nicaragua, Uribe Uribe de Colombia y Eloy Alfaro de Ecuador. Midamos la talla que da el pequeño Ecuador.

Luis Britto García / La Radio del Sur

Como Venezuela, gemía Ecuador bajo la la Deuda Externa, equivalente al 19,8% de su PIB. Entendió Correa que no bastaba con quejarse, creó una Comisión de Auditoría integral del Crédito Público que denunció fraude y violación de la Constitución, esperó a la baja en el mercado, y en secreto y por sorpresa recompró parte de la Deuda con rebaja, reduciéndola al 13,7% del PIB.

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Ecuador, como Venezuela, vio desatarse las furias de los medios de comunicación contra su gobierno progresista. Venezuela, como Ecuador, padeció un golpe de Estado propiciado y ejecutado por los medios. Ecuador, como Venezuela, rescató a su gobernante electo con movilización popular y lealtad militar. En Ecuador, como en Venezuela, los medios acusaron al presidente secuestrado de haber ordenado disparar contra el pueblo. En Ecuador, a diferencia de Venezuela, el Presidente demandó al diario calumniador, y obtuvo indemnización de 40 millones de dólares. “No se olviden: a reaccionar todos contra la prensa corrupta. Los ciudadanos venceremos al gran capital”, advirtió. Los medios en Venezuela siguen difamando sin pensar; los de Ecuador pensarán dos veces antes de hacerlo.

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Mantenía Estados Unidos una base militar en Ecuador, Correa los obligó a desalojarla. Gobiernos neoliberales impusieron como moneda nacional el dólar; pero el Sumak Kawsay es el más firme promotor de la instauración del SUCRE. El movimiento étnico CONAIE exigió a Correa que le transfiriera el control sobre los recursos naturales del país, y ante la negativa fue a la oposición, sacó un solo diputado, apoyó el golpe en comunicado que tildaba al gobierno legítimo de “dictadura democrática” y fracasó en imponer la dictadura étnica neoliberal. Los recursos de Ecuador siguen siendo de todos los ecuatorianos.

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Ecuador, como Venezuela, carecía de soberanía jurisdiccional, porque las controversias sobre contratos de interés público nacional no eran resueltas por sus tribunales, sino por árbitros o tribunales extranjeros. Uno de ellos, la dependencia del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones (CIADI) para 2007 ostentaba el infamante récord de 230 sentencias a favor de las transnacionales en 232 casos. Por ello, y por contrario a su Constitución, Bolivia abandonó ese año el CIADI, y por iguales motivos Ecuador lo dejó el 2009. A diferencia de Ecuador y de Bolivia, Venezuela espera mansamente a que el Banco Mundial decida en su contra una veintena de demandas que suman cerca de 40.000 millones de dólares, a pesar de que el artículo 151 de la Constitución Bolivariana manda que las controversias sobre contratos de interés público deben ser decididas según nuestras leyes y por nuestros tribunales.

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Venezuela, como Ecuador, padece una inmigración narcoparamilitar delincuente que blanquea capitales instalando casinos. Ecuador planteó el problema en reciente referendo, y la mayoría de los distritos consultados se pronunció por la ilegalización de los garitos. En Venezuela el Código Penal castiga la apertura de salas de juego al público, y el 6 de diciembre de 2009 Hugo Chávez Frías declaró: “¿Hasta cuándo vamos a permitir que hayan casinos ilegales? ¿Nos da miedo, es? He ordenado de nuevo que se revise esos casos. ¿Este es un país de casino, entonces? ¿Esto es parte del socialismo?” Para celebrar sus palabras, Diputados y Jueces crearon una Comisión para legalizar lo ilegalizable, e instalaron la sede de la Comisión de Casinos en el rascacielos que antes ocupaba la Embajada de Estados Unidos, país que una vez nos trató como semicolonia. No necesita instalar bases militares para reconquistarnos, con tal enclave del Poder Narcoparamilitar extendiendo gangrenas de corrupción en desacato del Código Penal y de las órdenes del Presidente.

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