La disputa política por la compra de El Nuevo Diario, de Nicaragua, es un buen ejemplo de las contradicciones que sufre Centroamérica en términos de la conformación y distribución de su espacio infocomunicacional (medios de comunicación e industrias culturales), caracterizado por enormes desigualdades y un peligroso fenómeno de concentración de la propiedad de los medios.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Ilustración de Ivan Lira)
“La pauta publicitaria estatal, utilizada para premiar a los amigos y castigar a quienes no lo son, brilla por su ausencia en las páginas del periódico. La publicidad de la empresa privada, pautada con riguroso cuidado de no ofender a los gobernantes, tampoco apuntala las finanzas de la publicación”: quien piense que estas líneas denuncian el estado de situación que enfrenta cualquier medio alternativo centroamericano, medianamente crítico del orden neoliberal y de los poderes establecidos en la región, se equivoca. Tampoco se trata de un manifiesto por la democratización de la comunicación social y contra las espurias prácticas del poder político y el mercado, que condenan a la marginación o el silencio a las voces disidentes del sentido común dominante.
Son las palabras del “director corporativo de opinión” del diario La Nación de Costa Rica, y que fueron publicadas en una columna el pasado 15 de mayo, a propósito de la crisis financiera que enfrenta un periódico nicaragüense: El Nuevo Diario, propiedad de la familia Chamorro García.
El anuncio de la posibilidad de quiebra de esta empresa de comunicación, a la que se reconoce como “opositora” del gobierno del presidente Daniel Ortega, llamó la atención porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL), propietario de un porcentaje menor de las acciones, dejó ver su interés por ampliar su participación y adquirir el diario. De inmediato, se encendieron las alarmas del empresariado nicaragüense: el Grupo Pellas, uno de los más importantes emporios económicos de la región –los nuevos dueños de Centroamérica- presentó una oferta de $1 millón de dólares por el rotativo, pero fue la propuesta del banquero Ramiro Ortiz Gurdián, presidente del Banco de la Producción (BANPRO), de la que no se conocen mayores detalles, la que finalmente se impuso en las negociaciones.
¡Para tranquilidad de los paladines de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que tanto La Nación como El Nuevo Diario son militantes ampliamente reconocidos, el gran capital acudió al rescate de la “libertad de expresión” y la “independencia editorial”, amenazada por las huestes sandinistas!
Pero quien se atreva a mirar más allá de esa “gesta”, puede encontrar en este caso un buen ejemplo de las contradicciones que sufre Centroamérica en términos de la conformación y distribución de su espacio infocomunicacional (medios de comunicación e industrias culturales), caracterizado por enormes desigualdades y un peligroso fenómeno de concentración de la propiedad de los medios.
Los investigadores argentinos Guillermo Mastrini y Martín Becerra, en un su libro Los monopolios de la verdad. Descifrando la estructura y concentración de los medios en Centroamérica y República Dominicana (2009, Prometeo Libros), uno de los más completos y ambiciosos estudios sobre el tema realizados en los últimos años, describen con detalle el estado de las relaciones existentes entre poder político, grupos económicos y medios de comunicación en nuestros países: un mundo en el que los medios reflejan casi exclusivamente los intereses de las clases hegemónicas, los sectores empresariales y los terratenientes: una forma de legitimar las transformaciones en el modelo económico impulsadas por el neoliberalismo, y al mismo tiempo, de invisibilizar sus consecuencias negativas.
Un mundo en el que, a pesar de que se registra un aumento en la cantidad de medios en funcionamiento, no es posible afirmar que esto signifique un desarrollo cualitativo de la oferta comunicacional, ni de la vida en democracia ni del reconocimiento de la pluralidad cultural. Y además, donde el multimillonario negocio de la publicidad se convierte en el criterio único que determina lo que existe y lo que no existe en una pantalla o una página de periódico.
En definitiva, un mundo donde los pequeños y medianos empresarios del sector infocomunicacional son desplazados, cuando no devorados, por las grandes inversiones de las tradicionales familias centroamericanas (como los Ferrari, Willeda-Toledo y Canahuti en Honduras; o los Araujo-Eserski, Dutriz y Altamirano en El Salvador); de los grupos económicos regionales, que definen e imponen agendas económicas (como el Grupo Prensa Libre de Guatemala; Grupo Nación y Grupo Teletica, en Costa Rica; el Grupo Samix, del expresidente salvadoreño Elías Saca; o el Grupo Estesa-Pellas, en Nicaragua), y también de grupos extranjeros, como el del magnate mexicano Ángel González, cuya presencia prácticamente en todos los países, en los rubros de televisión, radio, prensa escrita, cine y publicidad, resulta abrumadora.
En las actuales condiciones de las sociedades centroamericanas, dependientes del capital extranjero, empobrecidas y excluyentes, los estatutos de independencia editorial de los medios y libertad de expresión de los periodistas no son sino un ideal que puede guiar, en mayor o menor medida, el ejercicio del periodismo, allí hasta donde la integridad, la amplitud de criterio y la consecuencia del profesional lo permitan. Su límite es, precisamente, el de la estructura económica, social y política a la que los dueños de esos medios, en última instancia, defienden y sostienen, y que reclama del periodista la definición de una postura ética y humanista: estar del lado de los opresores o hacer causa común con los oprimidos.
Ignorar esta realidad, omitirla en las discusiones públicas (como lo hace el opinador corporativo de La Nación), y lanzar la maquinaria de la inquisición mediática contra una organización política –el FSLN o cualquier otra-, pero eximiendo de juicios a los poderosos grupos económicos, constituye un peligro mayor para las aspiraciones democráticas de nuestros pueblos: ese ocultamiento deliberado, juego de doble moral, solo refuerza el poder de quienes pretenden manejar a su antojo los destinos de Centroamérica, mediante el uso de la fuerza, el dinero y el dominio de los “monopolios de la verdad”.
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